El informe sobre la libertad religiosa en Iberoamérica y el Caribe reúne investigaciones realizadas en 33 países de cuatro zonas: América del Norte, América Central, el Caribe y Sudamérica. Un tercio de los países examinados (11) se encuentran en Sudamérica, lo que representa casi el 66% de la población de la región. Cada zona es diferente, y las conclusiones del informe reflejan más la situación en la región continental que en los países insulares, dada la magnitud de los cambios observados.

Con tradiciones históricas y culturales similares vinculadas al cristianismo —la religión mayoritaria—, la región de Iberoamérica y el Caribe se ha caracterizado por el respeto a las religiones y las distintas creencias, así como por las relaciones pacíficas entre las distintas confesiones.

Normalización de la violencia contra la religión y sus representantes

A pesar de la relativa paz actual, el respeto por las religiones en el seno de ciertos contextos culturales, especialmente en Sudamérica, ha cambiado notoriamente en los últimos años; las perspectivas para la libertad religiosa son positivas solo en dos países, Ecuador y Uruguay. Los informes sobre Libertad Religiosa en el Mundo 2018 y 2021 de ACN presentaron ciertas tendencias, como el vandalismo contra iglesias, la profanación de lugares y objetos sagrados, y los ataques contra personas religiosas. Estos actos no estaban necesariamente relacionados con la religión, sino que eran el resultado de la delincuencia común o la consecuencia de acciones emprendidas por miembros del clero para proteger a sus comunidades de la violencia.

Sin embargo, el informe de 2023 manifiesta un aumento considerable de los incidentes protagonizados por individuos o grupos defensores de determinadas opiniones ideológicas intolerantes hacia las creencias religiosas de los demás. Los ataques se han centrado en gran medida en los fieles de las comunidades religiosas (es decir, católicas y evangélicas), y han sido cometidos generalmente por miembros de grupos proabortistas y profeministas, así como por grupos que fomentan la ideología de género. En Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití y México se han denunciado incidentes (en varios casos, delitos) entre los que se cuentan agresiones a personas religiosas, actos de vandalismo, profanaciones u ofensas a los sentimientos religiosos.

Más preocupantes han sido las actitudes demostradas por algunos Gobiernos que parecen pasar por alto las leyes y que han tolerado ataques contra lugares de culto y fieles durante protestas públicas, haciendo dejación de su deber de investigar y perseguir debidamente a los autores de los actos delictivos. En Chile, el presidente llegó a indultar a un hombre condenado por incendiar la catedral de Puerto Montt durante una ola de disturbios sociales que se produjo en 2019 y se conoció en español como el «estallido social».

Durante el período estudiado en este informe, han sido asesinados 14 miembros del clero en siete países: Bolivia, Haití, Honduras, México, Paraguay, Perú y Venezuela. En algunos casos, las víctimas murieron intentando interceder durante tiroteos relacionados con delitos comunes, pero en otros la creciente presencia de la delincuencia organizada en las zonas rurales ha dejado a los religiosos como las únicas figuras con autoridad que desafían a las peligrosas redes de traficantes y como el último recurso para las personas que huyen de los delincuentes.

Empeoramiento del contexto social, económico y político

El aumento de la corrupción, el crimen organizado y la creciente violencia en medio de una grave crisis social, económica y política ha contribuido a cambiar el panorama de la libertad religiosa. De hecho, por primera vez desde que se redacta el informe sobre Iberoamérica, uno de los países de la región, Nicaragua, ha entrado en la categoría de persecución. Esto se debe a la fuerte opresión que sufre la Iglesia católica por parte del Gobierno de Ortega; algunas de sus acciones han sido la expulsión del nuncio apostólico y de las congregaciones religiosas, el exilio forzoso de sacerdotes, la retirada del estatus legal a entidades y organismos religiosos, la persecución y el acoso a sacerdotes, el asedio a iglesias, la detención arbitraria de líderes religiosos y fieles, el cierre de un canal de televisión católico y amenazas explícitas e insultos a líderes religiosos.

En Cuba y Venezuela, donde la situación sigue siendo grave, continúan las violaciones de los derechos humanos y la represión contra disidentes y miembros del clero, que son objeto de agresiones, detenciones, amenazas y difamaciones como represalia por su apoyo a grupos de la oposición y por expresar opiniones diferentes a las del Gobierno.

Varios países de la región llevan años en crisis sin que se halle una solución. El caso más trágico es el de Haití, que vive la «peor situación humanitaria y de derechos humanos en décadas», según la agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Mientras Cuba y Venezuela siguen sufriendo una aguda escasez de alimentos y medicinas, otras crisis sociopolíticas y económicas afectan a Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Guatemala y Perú. En resumen, casi un tercio de los países de la región (que representan el 30% de la población del continente) se ven afectados por protestas y disturbios civiles derivados de una crisis del coste de la vida, una inflación excesiva, la corrupción, la falta de independencia e imparcialidad judicial, la inestabilidad política y los debates sobre la reforma constitucional.

La violencia generalizada causada por las guerras territoriales, la corrupción y la extorsión en las que participan bandas, guerrillas, narcotraficantes y el crimen organizado sigue siendo endémica en toda la región, siendo Colombia, Haití, México y Venezuela los ejemplos más extremos. Tanto la violencia selectiva como la indiscriminada generan una sensación de inseguridad que erosiona las condiciones necesarias para que los ciudadanos ejerzan su derecho a la libertad religiosa.

Debido a la inestabilidad, la emigración es una preocupación importante que debilita aún más las posibilidades socioeconómicas de la región, ya que suelen ser los jóvenes con estudios los que buscan mejores oportunidades dentro de Iberoamérica y en el extranjero. La presión es mayor en los países limítrofes con los Estados centroamericanos afectados por la crisis, así como en México por su frontera con Estados Unidos.

Las Iglesias siguen desempeñando un papel clave en muchos países latinoamericanos en los que el Estado es incapaz de proporcionar servicios sociales adecuados a los pobres que permanecen allí. Y ello a pesar de los riesgos que corre el personal eclesiástico que presta ayuda humanitaria a los más vulnerables en zonas empobrecidas y violentas, especialmente en Colombia, Cuba, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Venezuela.

Nuevas leyes controvertidas

Iberoamérica funciona como una cámara de resonancia mediática. Cuando surge un problema en un país, casi inmediatamente encuentra eco entre sus vecinos, y se extiende por todo el continente con un efecto dominó. Este fenómeno se ha verificado no solo con la propagación de ataques violentos contra personas y edificios de la Iglesia, sino también con la introducción de nuevas leyes controvertidas (y sus implicaciones en relación con la objeción de conciencia) sobre cuestiones como el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto, la eutanasia y la identidad de género, entre otras. Por ejemplo, los proyectos que se están estudiando en Costa Rica, México, Paraguay y Perú incluyen revisiones de los programas de educación sexual atendiendo a las nuevas ideologías de identidad de género. Estas revisiones suponen un desafío al derecho de los padres a educar a sus hijos, expresión directa de la libertad religiosa en el ámbito educativo.

Por último, las restricciones impuestas tras el estallido de la pandemia de la COVID-19 finalmente se levantaron. Fue un momento significativo para los fieles que, en abril de 2022, volvieron a participar en las celebraciones de Semana Santa, que ese año alcanzaron cifras récord.